Terror en carretera: Tres hombres fueron ejecutados y un vehículo incinerado

El horror volvió a sacudir al Catatumbo. En la vereda Llano Grande del municipio de Convención, Norte de Santander, se registró una masacre que ha encendido las alarmas de la comunidad y de las autoridades. Tres hombres fueron ejecutados a por presuntos miembros de las disidencias de las Farc, quienes operan ilegalmente en esta conflictiva región del nororiente colombiano.

Según fuentes locales y registros audiovisuales que ya circulan en redes sociales, el grupo armado ilegal interceptó un vehículo tipo campero que se movilizaba por una vía rural. Las víctimas, al parecer, transportaban combustible presuntamente extraído de manera ilegal desde un oleoducto ubicado en el vecino departamento del Cesar.

Con armas largas y vistiendo prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, los agresores obligaron a los ocupantes del vehículo a descender y tenderse boca abajo en el suelo, con las manos en la espalda. En el lugar, uno de los encapuchados leyó un mensaje amenazante dirigido a todos aquellos que, según ellos, infringen las reglas impuestas por su estructura criminal.

Pese a las súplicas de las víctimas, los tres hombres fueron asesinados con tiros de gracia, en un acto que dejó consternados a los habitantes de la región. Posteriormente, el vehículo fue incinerado por los mismos delincuentes, como parte de su cruel advertencia.

Las autoridades han confirmado que la estructura disidente estaría bajo el mando de alias 'Richard Suárez', un conocido cabecilla que mantiene el control de varias rutas ilegales en el Catatumbo.

Se ha podido conocer, que hasta el momento, el acceso al lugar de los hechos ha sido restringido debido a la presencia de hombres armados. Las autoridades intentan ingresar a la zona para recuperar los cuerpos y recopilar pruebas que permitan esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

Este nuevo hecho de violencia se suma a la larga lista de crímenes registrados en el Catatumbo, una región históricamente azotada por el conflicto armado, el narcotráfico y la minería ilegal. La comunidad exige mayor presencia del Estado y garantías de seguridad para los pobladores, quienes viven bajo el miedo constante de estos grupos armados ilegales.